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La región de Cajamarca, en Perú, acoge la mina de oro más importante de América Latina. Sin embargo, alrededor del 57% de su población vive en situación de pobreza.

El yacimiento de Yanacocha está situado a 48 kilómetros al norte de la ciudad de Cajamarca, entre 3.400 y 4.100 metros de altura. Está constituido por cinco minas a cielo abierto, cuatro plataformas de lixiviación y tres plantas de recuperación de oro, y emplea, para ello, a más de 10.000 trabajadores. El consorcio Minera Yanacocha, conformado por la estadounidense Newmont Mining, la peruana Buenaventura y la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, es el encargado de explotar el yacimiento.

Desde el inicio de sus operaciones, en 1993, la producción de oro no ha dejado de aumentar. Así, si en 1993 se producían 81.000 onzas, en 2004 se estimaba una producción superior a los dos millones y medio. Y todo ello con una gran rentabilidad: mientras que sus costes de producción se encuentran entre los más bajos del mundo (110 dólares la onza), su precio de venta puede llegar a superar los 600 dólares. Quizás este sea uno de los principales motivos por los que el consorcio minero denomina a Yanacocha “el diamante de la corona de la reina”.

Pero no es oro todo lo que reluce y estas actividades extractivas han provocado que las poblaciones cercanas hayan visto mermados y contaminados sus recursos hídricos, tan necesarios no solo para su uso doméstico sino también para sus actividades agrícolas y ganaderas. Comunidades enteras han sufrido en primera persona las consecuencias de la explotación de oro, plata, cobre, zinc o hierro y la multinacional no ha tenido recelo a la hora de cambiar pueblos de lugar, talar bosques o secar y vaciar lagunas con el fin de llevar a cabo sus fines.

En el año 2000, por ejemplo, el poblado de Choropampa tuvo que hacer frente al derrame de varios litros de mercurio a lo largo de la carretera, que ocasionaron graves daños para la salud en al menos 1.000 personas. La respuesta por parte de la empresa fue tan irrisoria como otorgar a los afectados cuarenta sacos de gallinazo (excremento de pollo) para sus tierras.

Recientemente, la empresa también ha tenido que enfrentarse a nuevas protestas originadas por su intento de expansión a través del proyecto Conga, que pretende secar cuatro lagunas para extraer oro y trasvasar las aguas a reservas artificiales. En este caso, el descontento generalizado al conocer las deficiencias de un primer estudio de impacto ambiental logró que Minera Yanacocha se viera obligada a postergar las obras.

Criminalización de la protesta ciudadana

El caso de Cajamarca no es, sin embargo, aislado. En todo el continente americano se suceden a diario protestas ciudadanas que persiguen terminar con el sistema extractivista promovido por sus gobernantes desde hace ya treinta años. Según el Observatorio de los Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), en toda la región se registran más de 120 disputas.

Durante todos estos años, mientras la actividad minera seguía su curso, las denuncias de los campesinos han sido archivadas una tras otra. Esto ha provocado que, al no encontrar mecanismos efectivos de protección frente a las grandes corporaciones, las comunidades hayan optado por salir a la calle para exigir, por la vía de la protesta ciudadana, sus derechos más elementales.

Lamentablemente, lo único que han conseguido es que, de forma paralela a la explotación de los recursos naturales, sus dirigentes hayan extendido la costumbre de criminalizar la protesta social. El objetivo es claro: acallar las voces de las comunidades directamente afectadas.

Según el informe de OCMAL “Cuando tiemblan los derechos: Extractivismo y criminalización en América Latina”, si durante el mandato de Alberto Fujimori se dictaron normas sumamente represivas bajo el aparente propósito de luchar contra el terrorismo, durante el periodo de Alejandro Toledo se afianzó el modelo económico extractivista y se promulgaron normas que buscaban criminalizar las principales formas de protesta de la población.

Después, durante el gobierno de Alan García, una de las primeras medidas adoptadas al asumir su segundo mandato consistió en prohibir todo tipo de manifestaciones sociales, castigando a quienes las realizaran con penas de hasta 25 años de privación de libertad. Y todo ello en nombre de “la paz, la seguridad pública y el orden institucional”. También pertenece a este periodo el polémico decreto legislativo Nº 982, que determina que ningún miembro de la Policía y Fuerzas Armadas puede ser enjuiciado por cometer lesiones o muertes durante el cumplimiento de su deber. Una especie de carta blanca para que las Fuerzas de Seguridad del Estado puedan cometer violaciones de derechos humanos mientras intervienen en una manifestación ciudadana.

De este modo, se han ido acallando las voces del pueblo y, en silencio, más de 2.000 dirigentes sociales permanecen enjuiciados por manifestarse en defensa de la madre tierra, en un intento de ejercer su derecho a decidir sobre el modelo de desarrollo que quieren para sus comunidades. Un derecho que, no debe olvidarse, está reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, suscrito y ratificado por Perú desde 1994.

Desgraciadamente, el caso de Yanacocha es una prueba más de que los periodos de auge y crecimiento económico basados en la explotación intensiva de recursos naturales no dejan aportes significativos de desarrollo, pero sí numerosos conflictos sociales y medioambientales. ¿Por qué entonces, si el oro no es de los cajamarquinos, si no ayuda a su desarrollo, seguimos permitiendo su explotación?

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