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Morir dando vida

Su nombre es Esther Madudu y casi puede afirmarse que es una heroína de nuestro siglo. Atiende a 500 mujeres embarazadas al año y concede a sus futuros bebés el privilegio de evitar la orfandad. Privilegio porque lo hace en un continente, África, en el que cada año una de cada 39 mujeres fallece a causa de complicaciones durante el embarazo o el parto.

Esther Madudu trabaja como matrona en el centro de salud IV de Atiriri, en Katine (Uganda), un pequeño hospital con 34 camas que atiende a alrededor de 100 pacientes al día. Ella y otra compañera se ocupan de los servicios prenatales (revisiones médicas de las madres, educación nutricional, prevención de la transmisión de VIH de la madre al niño, etc.) y de los servicios de maternidad, incluidos el parto y el postparto. Las dos traen al mundo entre 45 y 50 bebés al mes.

Sin embargo, las condiciones no siempre ayudan: “No hay electricidad y los paneles solares no funcionan, así que tenemos que usar la luz de nuestros teléfonos móviles para atender a las madres durante el parto; e incluso en ocasiones, ellas mismas vienen con velas”, cuenta Esther, que el pasado 5 de junio estuvo en Madrid e impartió la conferencia “Salud y mujer en África. Un reto necesario: reducir la mortalidad materna”, enmarcada en el ciclo de La Casa Encendida “Los retos del siglo XXI: otro mundo es necesario”.

Consciente de la importancia y la necesidad de su labor, Esther Madudu se formó en la escuela de enfermería y, gracias a la ONG AMREF Flying Doctors, adquirió conocimientos más específicos para atender partos de riesgo. Ahora, conoce muy bien las cinco causas principales del 70% de las muertes maternas y puede hacerles frente: hemorragias (25%), infecciones (15%), abortos peligrosos (13%), hipertensión arterial (12%) y parto obstruido (8%). Cinco causas que cada año dejan  200.000 muertes y más de un millón de niños huérfanos en África Subsahariana.

Como  reconocimiento a su labor y a la lucha de las matronas africanas por la vida de las madres, AMREF, en el marco de su campaña “Stand up for African Morthers”, ha propuesto a Esther como candidata al Premio Nobel de la Paz 2015. El objetivo es alertar sobre la necesidad de nuevas matronas y llegar a formar a 15.000 de aquí a 2015, con el fin de reducir en un 25% la mortalidad materna en la región.

Tendencias de la mortalidad materna

Con motivo del Día de África, celebrado el pasado 25 de mayo, la Organización Mundial de la Salud, el Fondo de Población de NNUU (UNFPA), el Banco Mundial y Unicef hicieron público el informe “Tendencias de la mortalidad materna: de 1990 a 2010”. El estudio señala que en los últimos 20 años la cantidad de muertes anuales ha pasado de 543.000 a 287.000, lo que supone una disminución de un 47%. Sin embargo, a pesar de este descenso, todavía estamos lejos de alcanzar la meta cinco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), por la que 189 países se comprometieron a reducir la mortalidad materna en un 75% para 2015.

Esta reducción tampoco se ha repartido equitativamente por las distintas regiones del planeta. El 90% de estas muertes se concentran en los 132 Países del Sur y el 56% lo hace en el África Subsahariana. Además, de los 40 países con las tasas más altas del mundo en muertes maternas, 36 son africanos.

Si nos acercamos a estos países, veremos que las historias de sus mujeres son muy similares. En todas ellas la pobreza y la desigualdad tienen un papel protagonista. Las mujeres tienen poca información sobre sexualidad y planificación familiar, no cuentan con dinero ni transporte para desplazarse a un centro de salud y, en caso de llegar, no hay personal suficiente o la clínica no dispone del equipamiento necesario. Esther Madudu recuerda cómo, muchas veces, en sus quirófanos, “un familiar debe ejercer del gancho que sujeta el suero de la madre porque no se dispone del material ni del personal necesario para hacerlo”.

Estas dificultades pueden verse acrecentadas por cuestiones étnicas, geográficas o migratorias. Así, las mujeres que corren mayor riesgo son las que viven en zonas rurales alejadas, en zonas de conflicto, las que pertenecen a minorías étnicas y grupos indígenas, y las afectadas por el VIH.

A todos estos factores se añade el  estatus inferior de la mujer, que provoca carencias educativas básicas, matrimonios precoces, desnutrición o prácticas tradicionales de riesgo, como la mutilación genital femenina. Por ello, además de invertir en sistemas de atención médica más sólidos y de asegurar centros de salud que ofrezcan atención obstétrica de emergencia y  suministros adecuados, es fundamental que los organismos internacionales, los países donantes y los gobiernos africanos tengan en cuenta las desigualdades sociales y de género subyacentes, ya sea a través de una educación sexual integral, fomentando la equidad desde edades tempranas o intentando sensibilizar sobre el riesgo que suponen algunas de sus prácticas.

Mientras tanto, la mirada clara de Esther no esconde su preocupación. Una preocupación que sobrepasa las fronteras del centro de salud IV de Atiriri, de su propio país, Uganda, y se extiende por todo el continente africano hasta inspirar, tal vez, el lema de la Unión Africana para la campaña para la Reducción Acelerada de la Mortalidad Materna, “África se preocupa: ninguna mujer debe morir dando vida”. Nosotros también deberíamos preocuparnos. Las madres africanas necesitan matronas y África necesita de sus madres.

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Se trata de una de las preguntas frecuentes que podemos encontrar en la web de la empresa Cazatur, especializada en la organización de safaris a medida en África. De un total de 25 preguntas, esta es la tercera en orden de relevancia, situada justo después de “¿Un safari es caro?” y “¿Cuántos días necesito?”.

Desconozco tanto el tipo de persona que puede estar planteándose realizar un safari en el continente africano, como el tipo de preguntas que puede llegar a hacerse. Pero, llevada por la curiosidad, continúo leyendo y descubro que, según explica Cazatur, “África es sin duda un viaje que su mujer siempre recordará como una gran experiencia, así como sus hijos”. Además, “les saldrá más barato que cualquier otro tipo de viaje (100 o 150 dólares diarios)”. Supongo que, con esta respuesta, el futuro cazador se quedará más tranquilo. Yo me quedo perpleja.

El negocio de los safaris en África genera grandes beneficios para la industria de la caza y las autoridades que regulan su ejercicio. Rann Safaris, por ejemplo, la empresa con la que al parecer el rey don Juan Carlos ha viajado a Botsuana en varias ocasiones, ofrece diferentes tarifas en función de la presa a la que queramos enfrentarnos, desde los 30.000 dólares por diez días dedicados a la caza del búfalo, hasta los 60.000 destinados a perseguir al elefante, el animal más cotizado.

Su alto precio se explica por su escasez. El elefante es una especie amenazada en muchas partes de África. Según la ONG WWF-Adena, se augura su extinción en cincuenta años si no se toman las medidas de conservación necesarias frente a la caza furtiva, la destrucción de su hábitat o el tráfico ilegal de marfil.

Durante muchos años, la caza furtiva de elefantes supuso un serio problema de conservación y muchos países tuvieron que hacer frente a fuertes bajas en la población de estos paquidermos. Entre 1979 y 1989, se estimó que la población había caído de 1,2 millones a 600 mil.

La prohibición sobre el comercio de marfil en 1989, así como la inclusión del elefante en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio de Especies Amenazadas Fauna y Flora (CITES), permitieron mitigar el problema (que sigue estando ahí) e incluso hicieron que algunos países incrementarán sus poblaciones de elefantes, como Zimbabue, Botsuana o Namibia, cuya caza quedó permitida años después dado el excedente de elefantes alcanzado en la región.

Sin embargo, el tráfico ilegal de marfil y la consecuente caza furtiva continúan, marcando nuevos récords desde su prohibición hace ya 22 años. Según la ONG Traffic, en 2011 se confiscaron en el mundo 23 toneladas de colmillos de elefante, una cantidad que equivale, al menos, a 2.500 paquidermos muertos.

Al igual que Traffic, el programa de la CITES para la Supervisión de la matanza ilegal de elefantes (MIKE) ha revelado niveles cada vez mayores de caza ilegal. El propio Secretario General de la CITES, John E. Scanlon, ha expresado su inquietud por la reciente caza furtiva de cerca de 450 elefantes en el norte de Camerún. Según Scanlon, estas cifras son motivo de gran preocupación no sólo para Camerún, estado miembro de la Convención, sino también para los 38 estados del área de distribución del elefante africano, entre los que se encuentra Botsuana.

¿Cómo se explica entonces la legalidad de la caza? Seguramente, los defensores de la permisividad responderán que el exceso de elefantes pone en peligro la agricultura de la zona y genera conflictos territoriales con la población local. Cierto. Pero, ¿es realmente necesario coger un rifle y disparar para atajar estos problemas? ¿Por qué no se tienen en cuenta otras soluciones más respetuosas con la fauna africana? ¿Por qué no aprovechar el exceso de elefantes de unos países para trasladarlos a otros en los que estos escaseen?

Dejemos a un lado las balas. Olvidémonos de preguntas tan superfluas como la que preside esta entrada y centrémonos en estar a la altura de los tiempos y de las circunstancias. Por respeto a los elefantes africanos y a nuestra propia especie.

La región de Cajamarca, en Perú, acoge la mina de oro más importante de América Latina. Sin embargo, alrededor del 57% de su población vive en situación de pobreza.

El yacimiento de Yanacocha está situado a 48 kilómetros al norte de la ciudad de Cajamarca, entre 3.400 y 4.100 metros de altura. Está constituido por cinco minas a cielo abierto, cuatro plataformas de lixiviación y tres plantas de recuperación de oro, y emplea, para ello, a más de 10.000 trabajadores. El consorcio Minera Yanacocha, conformado por la estadounidense Newmont Mining, la peruana Buenaventura y la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, es el encargado de explotar el yacimiento.

Desde el inicio de sus operaciones, en 1993, la producción de oro no ha dejado de aumentar. Así, si en 1993 se producían 81.000 onzas, en 2004 se estimaba una producción superior a los dos millones y medio. Y todo ello con una gran rentabilidad: mientras que sus costes de producción se encuentran entre los más bajos del mundo (110 dólares la onza), su precio de venta puede llegar a superar los 600 dólares. Quizás este sea uno de los principales motivos por los que el consorcio minero denomina a Yanacocha “el diamante de la corona de la reina”.

Pero no es oro todo lo que reluce y estas actividades extractivas han provocado que las poblaciones cercanas hayan visto mermados y contaminados sus recursos hídricos, tan necesarios no solo para su uso doméstico sino también para sus actividades agrícolas y ganaderas. Comunidades enteras han sufrido en primera persona las consecuencias de la explotación de oro, plata, cobre, zinc o hierro y la multinacional no ha tenido recelo a la hora de cambiar pueblos de lugar, talar bosques o secar y vaciar lagunas con el fin de llevar a cabo sus fines.

En el año 2000, por ejemplo, el poblado de Choropampa tuvo que hacer frente al derrame de varios litros de mercurio a lo largo de la carretera, que ocasionaron graves daños para la salud en al menos 1.000 personas. La respuesta por parte de la empresa fue tan irrisoria como otorgar a los afectados cuarenta sacos de gallinazo (excremento de pollo) para sus tierras.

Recientemente, la empresa también ha tenido que enfrentarse a nuevas protestas originadas por su intento de expansión a través del proyecto Conga, que pretende secar cuatro lagunas para extraer oro y trasvasar las aguas a reservas artificiales. En este caso, el descontento generalizado al conocer las deficiencias de un primer estudio de impacto ambiental logró que Minera Yanacocha se viera obligada a postergar las obras.

Criminalización de la protesta ciudadana

El caso de Cajamarca no es, sin embargo, aislado. En todo el continente americano se suceden a diario protestas ciudadanas que persiguen terminar con el sistema extractivista promovido por sus gobernantes desde hace ya treinta años. Según el Observatorio de los Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), en toda la región se registran más de 120 disputas.

Durante todos estos años, mientras la actividad minera seguía su curso, las denuncias de los campesinos han sido archivadas una tras otra. Esto ha provocado que, al no encontrar mecanismos efectivos de protección frente a las grandes corporaciones, las comunidades hayan optado por salir a la calle para exigir, por la vía de la protesta ciudadana, sus derechos más elementales.

Lamentablemente, lo único que han conseguido es que, de forma paralela a la explotación de los recursos naturales, sus dirigentes hayan extendido la costumbre de criminalizar la protesta social. El objetivo es claro: acallar las voces de las comunidades directamente afectadas.

Según el informe de OCMAL “Cuando tiemblan los derechos: Extractivismo y criminalización en América Latina”, si durante el mandato de Alberto Fujimori se dictaron normas sumamente represivas bajo el aparente propósito de luchar contra el terrorismo, durante el periodo de Alejandro Toledo se afianzó el modelo económico extractivista y se promulgaron normas que buscaban criminalizar las principales formas de protesta de la población.

Después, durante el gobierno de Alan García, una de las primeras medidas adoptadas al asumir su segundo mandato consistió en prohibir todo tipo de manifestaciones sociales, castigando a quienes las realizaran con penas de hasta 25 años de privación de libertad. Y todo ello en nombre de “la paz, la seguridad pública y el orden institucional”. También pertenece a este periodo el polémico decreto legislativo Nº 982, que determina que ningún miembro de la Policía y Fuerzas Armadas puede ser enjuiciado por cometer lesiones o muertes durante el cumplimiento de su deber. Una especie de carta blanca para que las Fuerzas de Seguridad del Estado puedan cometer violaciones de derechos humanos mientras intervienen en una manifestación ciudadana.

De este modo, se han ido acallando las voces del pueblo y, en silencio, más de 2.000 dirigentes sociales permanecen enjuiciados por manifestarse en defensa de la madre tierra, en un intento de ejercer su derecho a decidir sobre el modelo de desarrollo que quieren para sus comunidades. Un derecho que, no debe olvidarse, está reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, suscrito y ratificado por Perú desde 1994.

Desgraciadamente, el caso de Yanacocha es una prueba más de que los periodos de auge y crecimiento económico basados en la explotación intensiva de recursos naturales no dejan aportes significativos de desarrollo, pero sí numerosos conflictos sociales y medioambientales. ¿Por qué entonces, si el oro no es de los cajamarquinos, si no ayuda a su desarrollo, seguimos permitiendo su explotación?

El pasado 6 de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef hacían público un informe conjunto en el que se informaba de que “se había cumplido con la meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de reducir a la mitad el número de personas sin acceso al agua potable”.

Según dicho informe, Progress on Drinking Water and Sanitation 2012, a finales de 2010, un 89% de la población mundial (6.100 millones de personas) ya utilizaba fuentes mejoradas de agua potable, un 1% más que la meta establecida en los ODM.

La OMS define una fuente mejorada de agua potable como aquella que protege apropiadamente el agua de la contaminación exterior y, en concreto, de la materia fecal. Una conexión domiciliaria de agua corriente, un grifo público, un pozo perforado o un acopio de agua de lluvia serían algunos ejemplos.

Sin embargo, ¿cómo sabemos si el agua de estas fuentes es realmente apta para el consumo? Sobre todo cuando las propias organizaciones autoras del informe aseguran que “no es posible medir a nivel mundial la calidad del agua”.

Lo que sí confirman es que, entre 1990 y 2010, más de 2.000 millones de personas obtuvieron acceso a estos recursos acuíferos mejorados. Resultado que no hubiera sido posible sin el empuje de países como China o India, que representan el 46% de la población mundial en vías de desarrollo.

De hecho, según explica el informe, “solo el 61% de los habitantes de África subsahariana tiene acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua en comparación con el 90% o más de América Latina y el Caribe, África del Norte y gran parte de Asia”. Una situación que se vuelve más dramática si observamos las zonas rurales, donde 97 de cada 100 personas carecen de agua entubada y el 14% sigue bebiendo agua de superficie (ríos, arroyos, embalses, canales de riego…).

¿Y el acceso al saneamiento mejorado?

Dentro del Objetivo de Desarrollo del Milenio relativo al agua, no sólo se contempla el acceso al agua potable, sino también la mejora sanitaria, es decir, el acceso a los sistemas de saneamiento mejorados que higiénicamente impiden el contacto de las personas con excretas humanas, como las letrinas ventiladas o las fosas sépticas.

Según el informe de la OMS y Unicef, a finales de 2010, sólo el 63% de la población mundial tenía acceso a un saneamiento mejorado, muy por debajo del objetivo del 75% establecido para 2015. Esto significa que, en la actualidad, 2,5 millones de personas carecen de servicios básicos de saneamiento o, lo que es lo mismo, que el 15% de la población mundial se ve obligada a defecar al aire libre…

Son cifras preocupantes si tenemos en cuenta que la quinta causa de mortalidad mundial, por encima de enfermedades como el sida, la tuberculosis o la malaria, proviene de enfermedades diarreicas y que, como Unicef nos recuerda, “el 80% de esas muertes se produce en niños menores de cinco años”.

Esperemos que las más de 400 horas de discusiones y debates que están teniendo lugar en el Foro Mundial del Agua, celebrado en Marsella del 12 al 17 de marzo, sirvan para avanzar en la resolución de estos desafíos y para poner en marcha nuevas medidas que focalicen la atención en las zonas rurales del África subsahariana, en el acceso a saneamientos mejorados y en la obtención de datos más fiables sobre la mejora de la calidad del agua. No debemos olvidar que el acceso al agua potable es, desde julio de 2010, un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida.

Día Mundial del Agua

Con motivo del Día Mundial del Agua, que se celebrará el próximo jueves 22 de marzo, varias organizaciones están poniendo en marcha acciones de movilización de diversa índole con el fin de sensibilizar, aquí en el Norte, sobre el consumo responsable de agua.

Entre ellas, destaca la iniciativa de la ONG Ongawa, que ha querido experimentar en primera persona lo que supone vivir con 50 litros de agua al día, cantidad mínima para cubrir las necesidades básicas según la OMS. Su objetivo es claro: aproximarse a la realidad que viven millones de personas en los países del Sur y compartirla con el Norte.

Para lograrlo, tres miembros de Ongawa vivirán, durante tres semanas, con 50 litros diarios de agua y nos relatarán su experiencia en el blog 50Litros. Una labor nada fácil si se tiene en cuenta que el consumo medio de agua en España, según datos del Instituto Nacional de Estadística, es de 149 litros diarios por persona.

Si, como asegura el último informe de la OMS y Unicef, todavía hay en el mundo 783 millones de personas sin acceso al agua potable, podemos concluir que, por cada español que consume 149 litros de agua al día, hay alrededor de veinte personas que no tienen acceso al agua en el mundo. Veinte razones de peso que merecen que el próximo Día Mundial del Agua  nos inunde a todos y nos haga reflexionar un poco más a fondo sobre las desigualdades existentes en torno a este recurso tan esencial.

Cuando las mujeres tienen el control sobre la tierra, el desarrollo de sus familias y de su comunidad se hace más fácil. Para remarcarlo y subrayar su importancia, el lema escogido para la celebración del Día Internacional de la Mujer, celebrado cada 8 de marzo desde hace ya 101 años, ha sido: “Habilitar a la mujer campesina. Acabar con el hambre y la pobreza”.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, si las mujeres tuvieran un acceso equitativo a las semillas, los fertilizantes, las herramientas de trabajo y los instrumentos financieros adecuados, la cantidad de personas hambrientas en el mundo se reduciría entre 100 y 150 millones.

Las mujeres rurales representan un papel fundamental en la economía. Contribuyen al progreso agrícola, mejoran la seguridad alimentaria y ayudan a reducir los niveles de pobreza en sus comunidades. Según datos de la OCDE, las mujeres reinvierten el 90% de sus ingresos en sus familias y comunidades, mientras que los hombres solo reinvierten el 30 o el 40%.

Sin embargo, en los países en desarrollo, solo entre el 10 y el 20% de los propietarios de tierra son mujeres; solo el 5% de la ayuda dirigida al sector agrícola se asigna específicamente a la igualdad de género; y solo el 10% del crédito disponible se destina a mujeres agricultoras a pequeña escala. A pesar de estas cifras desmotivadoras, la realidad sigue siendo clara: las mujeres constituyen el 43% de la mano de obra en el campo.

Para ellas, deben establecerse los instrumentos necesarios que las doten de mayor autonomía e igualdad. Debe potenciarse el acceso de las mujeres a los recursos naturales, el fortalecimiento de las leyes laborales que protejan sus derechos y la mejora en las condiciones de empleo y contratación.

De este modo, se contribuirá no solo al cumplimiento de uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer), que es el que hoy nos ocupa, sino de todos ellos, ya que lograr la equidad de género ayudará a promover la enseñanza primaria universal, a reducir la mortalidad en menores de cinco años, a mejorar la salud materna y a reducir la probabilidad de contraer sida.

Las mujeres rurales merecen una atención especial. No solo por el hecho de serlo, sino por su papel imprescindible en la lucha contra la pobreza. Hagamos que este 8 de marzo se extienda hasta el año próximo y, una vez en él, hasta el siguiente, porque como dice el lema escogido “habilitar a la mujer campesina es acabar con el hambre y la pobreza”. Acabemos con ella entonces.

Las que aguardan

ImageLas que aguardan: mujeres que un día ven partir a sus maridos, a sus hijos, a sus padres. Que esperan, impacientes, en su propia espera. Y las noticias no llegan. Pasan los días, los meses y, al cabo de los años, cansadas, su esperanza empieza a desvanecerse en el silencio. De pronto, para algunas, llega el día en que los esperados vuelven, sin aviso. Pero ya no son los que fueron, sino otros. Y esas mujeres comienzan una nueva espera, que ya nunca traerá lo que ansiadamente aguardan. Nunca.

Fatou Diome, una de las voces más intimistas de la literatura africana contemporánea, nos acerca a varias de estas mujeres en su última novela, “Las que aguardan”, recientemente traducida al español y publicada por Casa África. En ella, la autora nos aproxima a la realidad social y cultural de un Senegal marcado por la rutina de la supervivencia, en un intento por desmontar los pilares de dos mitos fuertemente arraigados.

Uno, enraizado en el Sur, que muestra la vida occidental como un manantial rebosante de oportunidades y dinero fácil. Otro, que se palpa desde el Norte, que pone en cuarentena al inmigrante, criminalizándolo y cargando a sus espaldas la responsabilidad de una crisis que no le corresponde.

Según el último informe Extranjeros Residentes en España, del Observatorio Permanente de la Inmigración, de diciembre de 2011, actualmente hay 2,5 millones de inmigrantes no comunitarios residentes en nuestro país: 2,5 millones de mujeres que aguardan, en algún lugar, con la esperanza de que sus maridos, sus hijos, sus padres, regresen pronto al hogar, sin importar ya si triunfaron o fracasaron en su empeño.